Es de destacar la decisión gubernamental de promover la inversión. Se han identificado varias áreas críticas que han venido siendo reclamadas con insistencia.
Eliminación de barreras burocráticas, aceleración en la recuperación anticipada del impuesto general a las ventas (IGV), reducción a 5 días para hacer valer el silencio administrativo en las municipalidades, agilización del procedimiento de obras por impuestos e impulso a las mypes en su régimen laboral. También se prevén sanciones para los funcionarios públicos que coloquen diversas trabas a las inversiones. Todo ello apuntando a que la inversión en el país crezca y con ello compensemos los malos aires que nos pueda traer la crisis internacional.
Se anuncian además otros paquetes de incentivación, y anotando que con buen criterio ninguno de ellos contempla reducción de impuestos, nos permitimos sugerir que se incluyan disposiciones que eviten o limiten excesos en el proceso de fiscalización, cobranza y reclamación de tributos. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) controlar el debido cumplimiento tributario. Pero esta labor debe ser desarrollada, de un lado, con seriedad, estrictez, y de otro, apoyando y ayudando al contribuyente.
Bueno sería que se deje sin efecto la facultad de demandar ante el Poder Judicial los fallos del Tribunal Fiscal que son contrarios al criterio aplicado por la Sunat. Así fue siempre hasta que a alguien se le ocurrió permitir que la Sunat pueda demandar al Tribunal Fiscal.
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