En otras partes del mundo, en especial en Europa, siguiendo las pautas de la Comisión Europea, los países han puesto su atención en utilizar la tributación como medio de protección medioambiental, además de su natural efecto recaudatorio.
Bajo este criterio se han creado gravámenes fundamentalmente ligados con la energía, como los que afectan al consumo del carbón, de hidrocarburos, generación de recursos nucleares, generación de energía eléctrica, consumo de gas, etcétera.
En nuestro país tenemos a la vista el daño ecológico causado por la minería informal, por la tala indiscriminada de recursos madereros y otros rubros que podrían ser estudiados para que, además de adecuarse a las normas propias de la actividad, contribuyan de manera especial atendiendo a la afectación medioambiental, además de la naturaleza agotable de los recursos naturales.
Más cerca de nuestra percepción de todos los días está la tributación vigente sobre el patrimonio vehicular. En este tema caminamos contra la corriente hace muchos años. Ya es tiempo de corregir el esquema tributario vigente.
La crítica fundamental radica en que con el mencionado tributo se grava a los vehículos nuevos durante tres años, es decir, durante el tiempo que menos daño hacen al medioambiente.
A partir del cuarto año se deja de tributar sin que se exijan mínimos de producción de daños, límites en el tiempo de uso, cambio obligado de partes, etcétera. Todo lo que tenemos es una revisión técnica al año para evitar accidentes, pero que en nada protege el daño ambiental.
Así, mientras en el tema fiscal municipal gravamos a los vehículos nuevos, en el ámbito comercial promovemos la importación de unidades usadas que son desechadas por países como Japón y Corea, ambos muy cuidadosos de su entorno ambiental, y en otro extremo contradictorio, ahora escuchamos que se trabaja en un plan de “chatarreo”, es decir, un método de subsidio estatal para eliminar los vehículos viejos. ¿Quién nos entiende?
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